Finanzas24
Por: Alfredo Huerta
Correo: ahuertach@yahoo.com // Twitter: @1ahuerta
De acuerdo a los últimos estimados de las Instituciones Financieras, la economía mexicana terminará creciendo, en el mejor de los casos, menos de 0.3% anual en e 2019 y 1.36% estimado para 2020, en medio de varios eventos que pueden tener repercusiones importantes.
Sin embargo, cuando vemos y analizamos datos más abiertos, la situación es crítica. Con información al 2T19, vemos que 18 de los 32 estados de la república, que representan el 56% del total, están registrando crecimiento negativo en su economía. Estos estados aportan el 44% al PIB Nacional y representan el 57% de la población con casi 71 millones de habitantes. Son Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, SLP, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas.
Otros seis estados de la república que representan el 19% del total, mantienen un ritmo de crecimiento marginal, como le llamamos, “economía estancada” con una aportación al PIB Nacional de 32% y representan 27 millones de habitantes, equivalente a 22% del total. Se trata de Baja California, CDMX, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Yucatán.
Solamente ocho estados de la república, que representan el 25% del total, registran tasas de crecimiento aún superiores a 2.0% anual. Aportan el 24% al PIB Nacional y representan 25.9 millones de habitantes, equivalente a 21% del total. Se trata de Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Durango, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala.
Prácticamente el 75% de los estados se ubican entre recesión, contracción y/o estancamiento económico donde habitan 97 millones de habitantes que se encuentran inmersos en riesgos de pérdida de oportunidades, tanto laborales, profesionales y/o de desarrollo.
Para 2020, la economía y el propio gobierno federal, enfrentarán retos muy importantes. Por un lado, crecer al ritmo de 2.0% anual que el presupuesto 2020 tiene. Pero también será el que los estados logren revertir su situación. Generar “confianza” en la inversión privada y contar con todos los eventos y variables posibles para lograrlo.
Hasta ahora, no hemos tenido noticias del verdadero avance de la Línea de Crédito que tiene el gobierno federal con el FMI. En las últimas semanas, el Organismo Internacional ha dado varias recomendaciones para mejorar la condición de la economía y de Pemex, sin tener respuesta del Gobierno a esas peticiones. ¿Será que el FMI esté cambiando las condiciones para su otorgamiento?.
La Línea del Crédito vence el 28 de noviembre próximo por hasta 74,000 millones de dólares y a pesar de que la Secretaría de Hacienda comentó su intención de renovarla, no tenemos más información al respecto.
El segundo evento tiene que ver con el T-MEC. Las intenciones, cabildeo y presiones por parte del gobierno federal se han dejado manifestar. No obstante, en la Cámara Baja en los Estados Unidos, parece que su agenda hasta ahora, tiene otras prioridades y la ratificación corre el riesgo de llevarla a cabo hasta 2020 en plena carrera presidencial.
El T-MEC significa por el lado de inversión directa, “estabilidad”. De no tenerla, será una variable que afecte el entorno de inversión a largo plazo, al menos con visión mínima de los siguientes 5 ÔÇô 6 años en que volvería a ser revisado por los tres países. Existen pendientes en materia laboral y de medio ambiente en el caso de México, que tendrá que llevar a cabo el gobierno federal a pesar de la nueva Ley Laboral.
Sabemos que además del T-MEC, se requiere de “certidumbre en la gobernabilidad” que brinde confianza para invertir a largo plazo: controlar la inseguridad que se vive en todo el país, dar certidumbre sobre políticas económica y fiscal, generar respeto al Estado de Derecho, seguir combatiendo la corrupción por igual a toda la sociedad y una visión real de lo que se vive externa e internamente para mantener la disciplina fiscal a lo largo del sexenio.
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