Eduardo Martínez Arcila, nieto del primer gobernador de Quintana Roo, Jesús Martínez Ross, ha beneficiado a empresas “amigas” con millonarias asignaciones directas, como por ejemplo: la modernización del sistema de votación del Congreso, por el que se erogó 4.2 millones de pesos.
En esa ocasión, sin licitación benefició a compañías pertenecientes al grupo de Rafael Moreno Valle Rosas ÔÇôque apoyaron al Partido Acción Nacional (PAN) en 2016ÔÇô, otorgando la millonaria cifra a PROFETI Consultores S.A de C.V, y al Consorcio Blue Petrolium S.A de C.V, para la modernización del sistema de votación de la XV Legislatura del Congreso local.
En ese tiempo ÔÇô16 de febrero de 2017 para ser exactosÔÇô el legislador, que ingresó por la vía plurinominal al Legislativo, con la ayuda de Miguel Ramón Martín Azueta, exjefe de Oficina del Ejecutivo llegó a la presidencia de la Gran Comisión con la compra de conciencias.
De acuerdo con la factura, Martínez Arcila pagó por el licenciamiento de software y servicio de instalación, configuración y puesta en marcha del sistema de asistencia legislativa y votación electrónica y APP institucional del Congreso de Quintana Roo, entre otros, cantidad que tampoco ha transparentado.
Igual que con la modernización del Congreso, no informó sobre algún beneficio directo a los ciudadanos, es decir, a quiénes y para qué fueron entregados los recursos que le asignaban para ayudas sociales.
En el caso de los boletos de avión que empleó, tampoco rindió cuentas de para qué sirvieron y cuál fue el motivo real de esas supuestas comisiones a las que tuvo que viajar.
MáS IRREGULARIDADES
Eduardo Martínez Arcila debe responder por el uso de 100 millones de pesos erogados en “ayudas sociales” no transparentadas, dinero público que nunca fue entregado a los ciudadanos, ya sea en beneficios y en efectivo. Su mal uso de los recursos públicos se documentó los días 26 de octubre y 15 de noviembre de 2017.
También, se hizo pública la única respuesta recibida por parte de la Dirección de Transparencia del Congreso del estado, en la cual señala que dicha comprobación está en manos de la Auditoría Superior, aunque las mismas facturas y/o justificaciones no las ha podido dar a conocer el entonces presidente del Poder Legislativo local, Eduardo Martínez Arcila.