La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes para la miscelánea fiscal y la Ley de Derechos que regirán a partir del 1 de enero del 2022.
Para la primera incluye reformas a las leyes del Impuesto sobre la Renta (ISR); del Impuesto al Valor Agregado (IVA); del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS); del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y el Código Fiscal de la Federación.
El primer dictamen recibió 24 votos a favor, y 16 en contra de los legisladores de Acción Nacional; Revolucionario Institucional; de la Revolución Democrática, y Movimiento Ciudadano, mientras que la Ley de Derechos tuvo 24 votos a favor y 15 en contra.
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La diputada federal Blanca Alcalá (PRI) sostuvo que hay incongruencias en la miscelánea, numerosas preocupaciones y ausencias.
Lo propuesto en el dictamen, dijo, es una política fiscal en contrasentido de lo que implica una política fiscal progresista, es coercitiva más que de fomento a una cultura de pago, de vigilancia más que de estímulos e incentivos fiscales y vulnera la certidumbre jurídica más que de corresponsabilidad con los tributarios.
Ejemplo de ellos, continuó Alcalá, son varios, pero destacó la inscripción de los jóvenes mayores de 18 años al Servicio de Administración Tributaria (SAT) aun cuando no inicien todavía su etapa productiva.
“Lo mismo ocurre en el caso del artículo 96, relativo a los dictámenes fiscales presentados por los contadores públicos. Nos parece que estamos imponiendo obligaciones que exceden a su formación y a su responsabilidad profesional jurídica”, expresó la priista.
Sobre la deducibilidad de las organizaciones de la sociedad civil, aseguró que el impacto no será solo para ellas, sino para la población más vulnerable que está en muchas regiones del país.
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Limitar la deducibilidad, continuó, que representa una aportación de no más de 10 mil millones de pesos, para las organizaciones civiles “implican todo”.
En cuanto a la Ley de Derechos, la oposición recriminó de manera particular el aumento en el precio de los pasaportes y el apostillamiento de documentos.
Para el caso los primeros, el costo del pasaporte con vigencia de tres años pasa de mil 345 a mil 471, el de seis años pasará de mil 845 pesos a mil 998, y el de vigencia de diez años de dos mil 840 se elevará a tres mil 506 pesos.
La diputada Alcalá (PRI) expresó que los incrementos no debieron ser superiores a la inflación.
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