Personajes cercanos a ex gobernadores fungieron como asesores de Eduardo Martínez Arcila, pagados por el Congreso del estado, cuando fungía como presidente de la Gran Comisión.
Con la nueva lista de compromisos de publicidad e impunidad, durante este periodo quedó en relieve que, pese a que el número de asesores aumentó y otros salieron, la base fue la misma, para evitar que salieran a la luz pública presuntos acuerdos amañados.
Al parecer había temor de que aparecieran nombres y apellidos, o los desfalcos de los que ha sido objeto el Poder Legislativo.
Trascendió que, bajo el concepto de Apoyo y Asistencia Legislativa, Martínez Arcila, sin que apareciera su nombre y rúbrica en ningún documento, cubrió los sueldos de 17 asesores “honorarios” con 1.2 millones de pesos, por trabajos que hasta la fecha se desconocen.
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En la administración pasada, Eduardo Martínez Arcila obtuvo patentes de vinos y licores a precio de risa, según consta en su declaración de intereses para funcionarios y personas de interés público.
Su premio por atentar contra el patrimonio de Quintana Roo le ha valido obtener una diputación a nivel federal, también por la vía plurinominal, dejando un Congreso saqueado y con retrasos en los temas que realmente benefician al pueblo.
Cabe recordar que Martínez Arcila está acusado de malos manejos de los recursos del Congreso del estado, en especial de los casi 100 millones de pesos destinados a ayuda social.
El ex presidente de la Gran Comisión tuvo varios gastos y personal excesivo. El opaco desembolso de 200 millones de pesos que no se tiene la certeza en qué fueron utilizados. El Presupuesto de 2017 y 2018, de más de 450 millones de pesos, es muy superior a las legislaturas anteriores, de manera que es una de las más caras del país y sin una real rendición de cuentas.
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Este Congreso tiene un excesivo número de plazas y personal contratado, en comparación con otros.
Son 185 asesores, 298 que cobran honorarios, más los diputados y otros empleados, que en total suman 626 en nómina con altos sueldos.
Al hacer la suma de gastos por concepto de sueldos, honorarios, entre otros, que son de alrededor de 233 millones de pesos, más los dirigidos a Comunicación Social de otros 30 millones, dan una cifra cercana a 270 millones de pesos, restados a los 469 millones del Presupuesto del presente año, lo que arroja una diferencia cercana a 200 millones de pesos, de los cuales no se sabe en qué se gastaron.