Una investigación que tocó la puerta de Segalmex y que involucra a autoridades venezolanas y a empresarios mexicanos, uno de ellos beneficiario de la reforma energética de Peña Nieto, será clave en el proceso contra Alex Saab, a quien Estados Unidos acusa de ser prestanombres del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
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En México esa información obtenida por la UIF, en coordinación con la OFAC de EU, derivó en cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República, relacionadas con la compra de alimentos a sobreprecio como parte del programa denominado despensas CLAP, y con un acuerdo de intercambio que un par de firmas mexicanas concretaron con el Gobierno del país sudamericano para vender su petróleo en los mercados orientales.
En 2020 Libre Abordo y Schlager, dos empresas dedicadas al comercio exterior y al outsourcing se convirtieron en las exportadoras de 40% del hidrocarburo de Petróleos de Venezuela. Representadas por Verónica Esparza García y su hija Olga María Zepeda Esparza, el hombre detrás de las operaciones es el guanajuatense Joaquín Leal Jiménez, quien de la mano de Alex Saab tejió los hilos del acuerdo de intercambio con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex).
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Leal Jiménez, uno de los beneficiarios de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, fundó a los 22 años la suministradora privada de energía eléctrica Sumex y se asoció posteriormente con la distribuidora privada Diversidad SA de CV del político José Adolfo Murat.
El joven empresario cerró en 2019 un negocio con el régimen de Maduro en el sector energético; pero no precisamente en el ramo de la electricidad. En específico, el 13 de junio de 2019 su empresa Libre Abordo firmó un contrato con Corpovex, para proveer mil camiones cisterna al Gobierno de Venezuela, y uno más el 17 de junio de 2019 para suministrar 210 mil toneladas de maíz blanco. En ambos casos, se estableció la recepción como pago en especie de los barriles de petróleo necesarios para cubrir el valor de la transacción, unos 2 millones de barriles aproximadamente.
Con el recelo de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas inglés), el acuerdo caminó al amparo de la Licencia General 4C, que autoriza a ciudadanos norteamericanos y extranjeros a participar en transacciones con entidades sancionadas cuando se trate de la entrega de productos relacionados con la ayuda humanitaria.
Pero los embarques petroleros, por más de 300 millones de dólares, que las firmas mexicanas intentaron vender en el mercado chino alterando el certificado de origen del producto, dejaron en claro que era una operación de mucho lucro. Antes de ser sancionadas de manera conjunta por la UIF y OFAC, las empresas de Joaquín Leal entregaron a Corpovex la mitad de los camiones; el maíz buscaron conseguirlo en Segalmex de Ignacio Ovalle, e incluso mostraron documentos con promesa de suministro de ese organismo gubernamental que, a la postre, resultaron ser falsos.
@chimalhuacano