La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación (Segob) han intercambiado comunicados con respecto al manejo de las desapariciones forzadas en el país.
CNDH y Gobernación cruzan declaraciones sobre desapariciones forzadas
Esto, en el marco de la visita del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU del 15 al 26 de noviembre.
Tras una reunión entre la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra y el CED, la Comisión emitió un comunicado en el que señaló que existe una debilidad institucional en la materia y que para superarla se requiere cambiar esquemas heredados y establecer un marco normativo idóneo.
CNDH celebra eliminación de IVA en productos de higiene menstrual
Además de que se requiere un reporte nacional de personas desaparecidas y no localizadas, y la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (Comunicado CNDH/288/2021).
En respuesta la Segob emitió el comunicado 110/2021 en el que aclara que está vigente la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, además de que de esa fecha hasta el momento se han creado mecanismos para guiar las obligaciones del Estado mexicano en la materia.
Además de que, desde 2019 la Comisión Nacional de Búsqueda puso en funcionamiento desde noviembre de 2019 el registro de personas reportadas como desaparecidas, no localizadas y localizadas.
Todo ello en coordinación con familiares de personas desaparecidas, sociedad civil y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y autoridades de las entidades federativas y la Federación.
Y este viernes la Comisión Nacional de Derechos Humanos reviró con un pronunciamiento público en el que reitera lo indicado en el Comunicado CNDH/288/2021.
Pero destaca que, pese a todos los mecanismos creados para enfrentar el tema de las desapariciones forzadas:
¡debemos estar conscientes de que el hecho de que exista todo esto en el papel, no garantiza su funcionamiento. Y ese es justamente el reto que, además, es compartido!.
Por lo que, subraya la CNDH no confronta sino propone, por lo que insta a que entre todas las entidades públicas corresponsables en el tema se revisen y acuerden nuevas y más eficaces rutas de respuesta y solución.