Indebidos Procesos
Por Omar Sánchez Tagle
Correo: Osdtagle@yahoo.com // Twitter: @osdtagle

En los dos últimos meses de este 2020 se han registrado decenas de situaciones en las que el abuso policial ha sido el común denominador.

Manoseos, golpes, patadas, golpizas, detenciones, levantamientos, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales se vienen contabilizando en esta larga lista de abusos de algunos elementos de corporaciones policiales en diversos estados de la República.

Algunas organizaciones, colectivos de mujeres y grupos de los autollamados “anarquistas” han tomado las calles en protesta por estas violaciones a los derechos humanos de los afectados entre los que hay niños, jóvenes, mujeres y personas que por el simple hecho de haberse cruzado en el camino de los uniformados sufrieron estas agresiones.

Estas manifestaciones para exigir la liberación de los detenidos en las marchas, la aparición con vida de sus compañeros, freno a los excesos policiales y castigo a los responsables, han sido utilizadas por grupos de embozados, en su mayoría vestidos de negro, para vandalizar y saquear comercios, bancos, tiendas de conveniencia, material urbano y vehículos.

Como si fueran poco los desmanes que hacen a su paso, los “anarquistas” agreden a reporteros, policías y transeúntes, vandalizan, destrozan y queman fachadas, puertas y ventanas de edificios catalogados como patrimonio histórico, entre ellos, Palacio Nacional, monumentos y oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el caso de la capital del país.

Comerciantes, hoteleros, vecinos, dueños de negocios, principalmente de Reforma, Centro Histórico y Polanco, así como miles de trabajadores y automovilistas afectados por el vandalismo de los “anarquistas” exigen la intervención de la fuerza pública, sin embargo, la instrucción de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ha sido “aguantar”, “porque la policía no está para reprimir al pueblo. Por ello, desaparecimos el cuerpo de granaderos. El abuso de autoridad no debe tolerarse”.

¿A quién beneficia esta determinación del Gobierno capitalino? ¿Por qué permitir que vengan a Ciudad de México a manifestarse por lo que sucedió en Jalisco? ¿Por qué solapar el vandalismo y saqueos a comercios y oficinas que inhibe la inversión nacional y extranjera? ¿Los muchachos de Omar García Harfuch no son capaces de controlar a una veintena de rijosos sin caer en abuso policial? ¿Por qué si existen decenas de “indicadores” de diversas dependencias que advierten sobre la movilización de estos grupos no los desactivan a tiempo?

Por millonésima vez se dice que “ahora sí” serán capacitados los policías para controlar estas protestas, pero, mientras eso llega, no se les podría ocurrir también capacitar a algunos de sus agentes para investigar el origen de esos grupos, quién los financia, cuál es su objetivo al vandalizar y utilizar artefactos explosivos contra personas e inmuebles, como sucedió el 8 de marzo pasado frente a la Puerta Mariana de Palacio Nacional.

Lo cierto es que una vez más quedaron exhibidas las deficiencias de las corporaciones policiales y no precisamente por la pobre capacitación que reciben sino por la falta de inversión a seguridad por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. El desvío de recursos y los recortes para este rubro difícilmente permitirán una buena capacitación y dotarlos de insumos para enfrentar estos retos sin mencionar que la presencia del crimen organizado cada día se deja sentir más en la capital.

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