Hace ocho años, en 2013, el Congreso de la Unión aprobó una serie de modificaciones al orden constitucional, recetadas desde el extranjero, contra los intereses de la nación. En aquel entonces, la oposición, que era dirigida por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, se manifestó abierta y pacíficamente en contra de poner en manos de empresas privadas, principalmente extranjeras, actividades prioritarias para el Estado mexicano, como la generación de energía.
Aquella reforma energética fue un primer embate hacia la privatización del sector, como parte de la estrategia de quiebra y desmantelamiento de Pemex y CFE, dos empresas productivas que han sido piezas fundamentales en el desarrollo de nuestro país y en la prestación de servicios públicos que, de no haber logrado el histórico triunfo de 2018, habrían corrido la misma suerte que las demás empresas mexicanas privatizadas durante el periodo neoliberal, augurando resultados similares: el encarecimiento de los combustibles ÔÇöcomo de hecho ocurrió con las gasolinas, que aumentaron en un 80% su precio durante el sexenio anteriorÔÇö; el enraizamiento de la corrupción entre particulares y personas servidoras públicas; y la pérdida de rectoría del Estado en el desarrollo nacional.
Una importante diferencia que existe hoy en el Congreso de la Unión es que la mayoría parlamentaria no surgió de un pacto de élites, como sucedió en 2013, sino del voto masivo de la ciudadanía. La reforma aprobada el pasado martes no es un capricho presidencial, ni mucho menos una imposición del extranjero, como ocurría durante el viejo régimen, sino el cumplimiento de un compromiso con el pueblo de México, un acto soberano de dignidad que pretende fortalecer a la CFE y garantizar condiciones de rentabilidad ante un régimen de libre competencia.
Entre las virtudes de la iniciativa presentada como prioritaria por el Ejecutivo federal, y dictaminada y aprobada en el Congreso, podemos resaltar las facultades que otorga a la Comisión Reguladora de Energía para revocar los permisos de autoabastecimiento obtenidos mediante el fraude; la eliminación de condiciones de propiedad y fecha de inicio de operaciones para el otorgamiento de los certificados de energías limpias a centrales eléctricas; y la incorporación y priorización en la oferta de energía al mercado eléctrico mayorista de la figura del contrato de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, que se celebrará entre un suministrador de servicios básicos (como la propia CFE) y un generador. Este último tiene entre sus obligaciones, además de la venta de energía o productos asociados, la entrega física de la energía, que regulará el Centro Nacional de Control de Energía.
Las argucias aducidas por quienes se oponen al fortalecimiento de la industria eléctrica nacional, como que la energía será más cara, menos amigable con el medio ambiente, o incluso que es anticonstitucional y anticonvencional, serán desmentidas con la implementación de las modificaciones, así como por las autoridades competentes para determinar su arreglo al orden constitucional.
Como sucedió con las falsas promesas de la reforma energética de 2013, los falsos argumentos de quienes se oponen a la reconstrucción de las instituciones del Estado caerán por su propio peso.
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