CDMX.- El Congreso del estado de Nuevo Léon aprobó por una amplia mayoría una reforma a la Constitución estatal para garantizar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, modificación que penaliza el aborto en la entidad.

Estas modificaciones criminalizan a mujeres que realicen esta práctica, a pesar de que hayan sido víctimas de violaciones, e incluso si su vida corre peligro.

Dicha iniciativa de reforma que adiciona un segundo párrafo al Artículo primero de la Constitución local, fue avalada por 30 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones. El texto agregado es el siguiente:

“El estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal”, adiciona la reforma.

En un comunicado, el Congreso neoleonés reconoció que, a su consideración, la vida humana inicia desde el momento mismo de la concepción, es así que todo individuo en cualquier etapa de la vida goza de los mismos derechos que la norma jurídica contempla y reconoce, por lo cual no debe de haber distingos de entre humanos nacidos o no nacidos, ya que al hacer una distinción se está violentando el derecho a la igualdad.

A raíz de estas consideraciones, los legisladores neoleoneses consideraron adecuado adoptar medidas para reconocer plenamente este derecho en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial.

Por su parte, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos han mostrado su rechazo a la reforma avalada por el Congreso estatal a través de redes sociales, además de que decenas de mujeres se manifestaron a las afueras del recinto dónde se encontraban los legisladores locales.

Integrantes de organizaciones feministas se enfrentaron a grupos religiosos a las afueras del Congreso del estado de Nuevo León para protestar, unas en contra y otras a favor de la denominada “ley antiaborto”.

Además, organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos han mostrado su total rechazo a dicha legislación, pues consideran que la modificación criminaliza el derecho a decidir de las mujeres, además de que fue realizada de manera opaca y sin mecanismos de participación ciudadana.

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