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Coyuca: el horror de la realidad

La divisa del poder
Por: Adrián Trejo
Correo: engranev@yahoo.com.mx // Twtter: @adriantrejo

Cincuenta y tres personas habrían sido “levantadas’’ en varias poblaciones cercanas al municipio de Coyuca de Catalán y sus ejecuciones fueron viralizadas en las redes sociales.

No hay denuncias penales concretas sobre estos hechos porque la población de esas comunidades están solas, desde hace mucho tiempo.

La leva fue realizada entre los días 3 y 4 de este mes, pero no se supo de ello hasta que los videos circularon por la red.

La violencia utilizada en la ejecución grabada de dos personas, ridiculiza las advertencias presidenciales y sus arengas para decirle ¡fuchi! y ¡guácala! a la delincuencia organizada.

El presidente López Obrador debió comprender ayer claramente –por si no lo había hecho–, que sus consideraciones morales y sus exhortos bíblicos al buen comportamiento no sirven para combatir efectivamente a la delincuencia, organizada o no.

Por horas, fue tendencia el hastag #fuchiguácala en Twitter, la red social más utilizada por los mexicanos, en donde se dieron vuelo memes y reclamos –miles– al jefe del Ejecutivo por las ocurrencias para combatir al crimen.

Ni serán los consejos a las mamás, ni los chanclazos, ni consideraciones morales las que harán que este clima de violencia que está creando regiones autónomas en el país, controladas por el narco, cese.

Al crimen se le combate con la fuerza del Estado, pero el Gobierno –este Gobierno–, parece no tener clara la estrategia más allá de las ocurrencias del momento.

El 22 de abril pasado, en Veracruz, a días de una matanza que cobró 14 vidas en Minatitlán, López Obrador se comprometió a reducir los índices delictivos en seis meses.

“En la medida que se vayan consolidando tres acciones: que se atienda a los jóvenes para que la delincuencia no se esté alimentando de enganchar a los jóvenes; se va a crear la Guardia Nacional; y lo tercero es que la autoridad ya no es el problema, no había línea divisoria entre delincuencia y autoridad”, dijo entonces.

Los programas sociales ya están aplicados y se creó la Guardia Nacional; se supone que ya hay linea divisoria “entre delincuencia y autoridad’’ y lejos, muy lejos de que los delitos disminuyan, van en aumento.

Falta poco para que se cumpla el plazo de seis meses.

A ver.

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Como el comentamos ayer en este espacio, en esta semana se irá desmenuzando el paquete económico para el próximo año.
Pero han comenzado a surgir las primeras cifras.

Por ejemplo, la reducción de 45% del presupuesto destinado a la construcción de carreteras, así como la importante disminución de los recursos proyectados para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Lo del aeropuerto en Santa Lucía llamó la atención porque parece que el Gobierno claudicaría en su empeño, pero ya salió el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, a aclarar que para el financiamiento de ese proyecto se utilizará el fideicomiso constituido para el cancelado NAIM.

Por cierto, el costo estimado de construcción de Santa Lucía, contemplado en el paquete económico, es de 95,260 millones de pesos, un 35.4% más alto que los 70,342 millones proyectados en el 2019.

Claro, no sobra recordar que las propuestas de la Secretaría de Hacienda se van a modificar por obra y gracia de los diputados, que son al final de cuentas quienes ponen y quitan en este juego que debía ser estrictamente económico pero que se vuelve político por cientos de circunstancias.

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de 24 HORAS.

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