La divisa del poder
Por: Adrián Trejo
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De una u otra manera, ya se supo la razón por la que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se ha negado, como funcionaria, a condenar el asalto a la Constitución ocurrido en Baja California.
Ayer el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, informó que en enero pasado, Sánchez Cordero y la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, le pidieron respaldar la prolongación del mandato del próximo gobernador de Baja California.
Según Cortés, les dijo que no “porque el proceso electoral había comenzadoÔÇÖÔÇÖ y era imposible hacer reformas electorales a la Constitución local.
Ya está visto que a los diputados de Baja California, incluidos los del PAN, que eran el grupo mayoritario, les importó muy poco esa consideración jurídica.
Quizá porque se sabían con el respaldo de Sánchez Cordero ÔÇôPolevnsky habla y se comporta como porro-, decidieron hacer esa jugada.
Y puede que, después del escándalo, la repulsión que causó la decisión del Congreso local, el gobernador electo Jaime Bonilla se salga con la suya.
No sólo porque López Obrador ÔÇôsin cuyo apoyo no habría sido posible que se hiciera la propuesta denunciada por Cortés- ni la encargada de la política interior se han negado sistemáticamente a condenar el atraco parlamentario, sino porque hasta el momento ni siquiera los opositores a la decisión se han puesto de acuerdo si lo que se presentará es una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, que aunque parezca lo mismo, no es igual.
El miércoles, los ministros que están de guardia en la Suprema Corte de Justicia rechazaron las controversias promovidas por los presidentes municipales de Tijuana y Mexicali, por improcedentes.
Los ministros dijeron que no se podía juzgar un acto que todavía no es definitivo, es decir, cuyo proceso sólo terminará cuando el gobernador en turno o la propia Cámara de Diputados local publique la reforma aprobada.
En tanto, no hay materia para la controversia.
El gobernador Francisco Vega ÔÇôde quien se sospecha pudo haber negociado la reforma a cambio de que no investiguen su administración- dijo que no la publicará, pero ello resulta irrelevante porque si en el plazo de 30 días el Ejecutivo no lo publica, lo puede hacer el Congreso y tiene los mismos efectos legales.
Publica la tramposa reforma, ya se verá si realmente el PAN o el PRI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos u otros organismos autónomos presentan una acción de inconstitucionalidad.
Por lo pronto, Yeidckol Polevnsky sonríe como si hubiera ganado la lotería.
A lo mejor sí.
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Un nutrido grupos de trabajadores de base conocido también como operativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denunció en una extensa carta los presuntos abusos cometidos por el director de Normatividad de la Salud de la institución, Ramiro López Elizalde.
Los trabajadores denuncian que López Elizalde comete “abuso de autoridad, nepotismo, violencia y afectación a sus derechos humanos, morales, patrimoniales y laboralesÔÇÖÔÇÖ.
Aseguran que el funcionario se inventó para sus amigos plazas de “subdirectores temporalesÔÇÖÔÇÖ con un salario mensual de 102,469.96 pesos; cabe aclarar que esa figura no existe en el organigrama del ISSSTE.
Además, López ha despedido a trabajadores de base, y anunció otro recorte para este mes de julio, en contra de lo que aseguró López Obrador cuando dijo, el 3 de mayo, que los recortes serían de personal de confianza, y no de base.
Un llamado de atención a tiempo para el director general de la institución, Luis Antonio Ramírez, que ha realizado un pulcra administración y no necesita que sus colaboradores le incendien la parcela.
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