Especialistas en temas de transparencia y asuntos legislativos reprobaron la propuesta del diputado Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) en el Congreso local, de aumentar las ayudas sociales y que lo haga de cara a las elecciones intermedias en Quintana Roo.
En conferencia de prensa, el pasado lunes, Miranda García, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), prometió implementar una serie de medidas de austeridad en el Congreso.
Dijo que revisará las partidas presupuestales del legislativo y determinará cuáles recortar.
Comentó de los capítulos que más han llamado su atención y que sería sujeto a modificaciones, prosiguió, es el correspondiente servicios personales.
Una parte de lo obtenido, dijo, se canalizará a la polémica partida de ayudas sociales “que ejerce la Dirección de Atención Ciudadana”.
“Nosotros traemos en el radar el tema de las ayudas sociales. No es una atribución propia de un Congreso dar ayudas sociales. Me parece que están invadiendo atribuciones del Ejecutivo, pues el pago de medicinas lo debería de hacer la Secretaría de Salud. Y no estamos hablando de una bolsa pequeña; es un recurso importante que se da en una completa opacidad y de manera descontrolada”, comentó Raúl Cázares, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
En su Informe Legislativo 2019, publicado recientemente, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) tildó de “Sedesoles legislativas” a las ayudas sociales, es decir, a las asignaciones que las instituciones públicas, en este caso los congresos, otorgan a personas e instituciones.
Y es que los diputados, remarcó el instituto, no tienen la función legal de dar ayudas sociales.
“Las funciones del Poder Legislativo son presentar y aprobar leyes, vigilar a otros poderes, ratificar nombramientos, iniciar un juicio político, pero no así repartir despensas, juguetes ni ofrecer fiestas, ayudas económicas o construir obra pública”, apuntó el organismo.
“Al no contar con mecanismos reguladores, esta partida suele usarse de manera discrecional y hasta para desviar recursos”, señaló Cázares.
La organización civil Somos Tus Ojos develó que entre 2016 y septiembre de 2018, los 25 diputados de la pasada legislatura erogaron poco más de 147 millones de pesos en ayudas sociales, de manera discrecional y opaca, pues nunca se dio a conocer la lista de beneficiados ni en qué material se gastó el monto.
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En esta XVI Legislatura, en vez de eliminar este rubro o de regularlo y transparentarlo, se propone incrementar a unos meses de la elección por venir.
“Es un tema totalmente descontrolado y en un período electoral se vuelve aún más delicado, porque tienes una bolsa muy grande que puede complementar el financiamiento que dan a los partidos. Me parece muy grave que hagan esto”, lamentó Cázares.
Eduardo Galaviz, del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, reprobó que estas prácticas continúen en la actual legislatura.
“Creo que este diputado (Miranda) está cometiendo muchos errores, muchas torpezas. Ya vimos que cada lunes que hace declaraciones se mete en problemas”, remachó.
Asimismo, hizo un llamado a transparentar las ayudas sociales y a no darles un uso electoral.
Demandan al legislador
El representante de la Asociación Civil “Othonenses con causa”, Víctor Pérez Sorcia, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en contra del diputado Gustavo Miranda García, debido a que ocultó información relacionada con más de 50 “aviadores” detectados en el Congreso del Estado
La demanda quedó asentada en la carpeta de investigación número FGE/QR/FECC/CHE/0342/10/2020.
Detalló que el no revelar nombres de las personas que cobran sin trabajar en el Congreso del estado contraviene los principios del Parlamento Abierto en México.
Con información de Redacción