La divisa del poder
Por:
Adrián Trejo
Correo: engranev@yahoo.com.mx // Twtter: @adriantrejo

Hay dos formas de evadir la responsabilidad: haciendo consultas a modo y pidiéndole “una opiniónÔÇÖÔÇÖ a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El gobierno de López Obrador abdicó su responsabilidad de cumplir con la ley en varias ocasiones:

Cuando decidió que los actos de corrupción en el pasado no serían investigados.

Cuando declaró terminada la guerra contra la delincuencia organizada: “Perseguir capos no es tarea fundamental del GobiernoÔÇÖÔÇÖ, dijo.

Cuando decidió que a su gobierno (y persona) le convenía más pasar a la historia como blandengue en lugar de cumplir la ley en el caso de los bloqueos a las vías del ferrocarril en Michoacán.

Y, sobre todo, cuando decidió que sería mejor pedirle una “opiniónÔÇÖÔÇÖ a la CNDH sobre esos mismos bloqueos.

La CNDH le respondió de manera contundente que es una instancia que privilegia el diálogo, pero eso no exime al Gobierno de cumplir su responsabilidad.

Esta idea de no querer pasar a la historia como un represor ya la habíamos escuchado antes.

Lo dijo Miguel ángel Mancera cuando se negó a desalojar a los maestros que se habían instalado en el Zócalo de la capital por varios meses.

¿Por qué no los desaloja?, se le preguntó una vez.

“No seré yo el que pase a la historia como un represorÔÇÖÔÇÖ, respondió, seguramente porque mantenía sus aspiraciones presidenciales.

Parece que el síndrome de 68 sigue haciendo efecto entre nuestros políticos, y de ello se han servido grupúsculos dizque de izquierda para obligar a negociar al Gobierno en turno.

Los Gobiernos no están para tomar decisiones populares, sino para tomar decisiones ejecutivas que privilegien, siempre, los derechos de las mayorías.

No es concurso de popularidad, habrá que decirles.

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Luego del papelón que hizo el Gobierno federal pidiéndole una “opiniónÔÇÖÔÇÖ a la CNDH sobre los bloqueos de la vías en Michoacán, muchos analistas se preguntan si el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, fue el de la idea.

Porque sería inconcebible que alguien con ese cargo y desde luego con el conocimiento de las leyes que se supone tiene, pudiera haber sugerido tal barbaridad.

¿O será que Scherer confirma la teoría de que a López Obrador no se le puede decir que no?

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El presidente López Obrador informó que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía será administrado (suponemos que algunas veces) por la Secretaría de la Defensa y sus utilidades serán para el Ejército mexicano.

López Obrador ha tratado, desde el inicio de su gestión, de congraciarse con las Fuerzas Armadas luego de años de fustigarlas.

El discurso cambió cuando ganó la Presidencia, desde luego, a tal punto que el soporte de su programa de Seguridad Pública son los militares y marinos con quienes creará la Guardia Nacional.

No tenemos conocimiento que en una democracia como la que se presume es México, un aeropuerto civil sea administrado por el Ejército de cualquier país.

Por cierto, esta semana comenzará el debate en el Congreso para la creación de la Guardia Nacional.

Se terminaron los foros organizados por el Congreso para que organizaciones de derechos humanos y especialistas en la materia opinaran y el dictamen no ha sufrido cambios.

Ya veremos en el debate si los foros fueron choro.

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