Ichkabal en anonimato turístico

Por Eugenio Pacheco

CHETUMAL, Q. Roo.- La zona arqueológica de Ichkabal se mantiene cerrada a los visitantes y sin cumplir los pronósticos de ser el detonante para el desarrollo económico y turístico que el sur de Quintana Roo necesita, a pesar de que lleva más de seis años lista para su apertura.

El retraso tiene como consecuencia dejar de recibir 800 mil turistas al año y la pérdida de la inversión de mil millones de dólares en inversión inmobiliaria y hotelera, proyectada para los siguientes 15 años en Bacalar, de acuerdo con las autoridades de la Secretaria de Turismo.

La derrama económica que deja de recibirse en el Pueblo Mágico es incuantificable e impacta negativamente en el desarrollo turístico de Chetumal, que se ha preparado y quedado con las ganas de ser una opción alterna, respecto a hospedaje, servicios turísticos y comercio para los visitantes que busquen conocer los vestigios arqueológicos, consideraron empresarios de la capital del estado.

La finalizada administración federal de Enrique Peña Nieto se quedó con las ganas de inaugurar Ichkabal, anunciada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para inicios de noviembre pasado.

La zona arqueológica de Ichkabal no ha sido abierta ante la falta de acuerdos entre los ejidatarios de Bacalar, propietarios de las tierras, la Secretaría de Turismo que encabeza Marisol Vanegas Pérez y la omisión de Adriana Velázquez Morlet, delegada de INAH en Quintana Roo.

El proyecto fue presentado ante la comunidad arqueológica y científica del mundo en Washington, donde se aseguró que la apertura sería en 2017, luego, que en 2018, y ahora se posterga, al menos hasta dentro de dos años, en 2020.

HISTORIA

La zona arqueológica fue descubierta a finales de los 90 y se ubica a 40 kilómetros de Bacalar. Es más alta y ancha que Chichén Itzá, y más antigua que Calakmul, Campeche. Se ubica a 82 kilómetros de Chetumal, en un trayecto de 80 minutos, y a 40 kilómetros del Pueblo Mágico de Bacalar, a 35 minutos.

El retraso en la apertura tiene su principal problema en la falta de acuerdos entre el gobierno de Quintana Roo, la federación a través del INAH y los representantes ejidales, respecto a la tenencia de la tierra.

Los ejidatarios solicitan el pago de una indemnización de entre 3 y 3.5 millones de pesos por cada hectárea que se utilice en el proyecto y el acceso al mismo; así como que se les permita ser parte de los negocios prestadores de servicios turísticos y transporte que se originen desde Ichkabal.

El gobierno del estado ofreció pagar un millón de pesos por hectárea; sin embargo, a mediados de 2018, retiró la oferta argumentando falta de recursos económicos.

Mientras tanto, el gobierno federal y la delegación local del INAH se han convertido en meros espectadores del tema, al argumentar que no tienen dinero para pagar esa millonaria inversión.

EMPRESARIOS APOYAN A EJIDATARIOS

El sector empresarial de Bacalar apoya la postura de los representantes de ese ejido, respecto a ser indemnizados conforme a derecho y que se les tome en cuenta dentro de los negocios y el desarrollo de la zona arqueológica de Ichkabal, a cambio de sus tierras, donde se asientan los vestigios arqueológicos.

La presidenta de la asociación de hoteles de Chetumal, Deborah Angulo Villanueva, explicó que los empresarios de la asociación que dirige y, en general los empresarios de Chetumal, coinciden en fortalecer en la capital del estado y el concepto de centro distribuidor de turismo, hacia los atractivos cercanos, como el caso de las ruinas por abrir.

La empresaria consideró importante que el gobierno del estado destrabe la negociación con los ejidatarios y ofrezca los montos de compensación justos, para que los comuneros permitan la apertura de las ruinas, y se logre la llegada de más turistas.

Aseguró que la apertura de este atractivo permitirá disminuir la saturación de la Laguna de los Siete Colores, al diversificar las actividades fuera del cuerpo de agua, principal atractivo turístico de la zona, que esta impactado ecológicamente.

Angulo Villanueva destacó que algunos investigadores les han informado de escenarios en donde la laguna ya no es utilizable para uso recreativo, sobre todo en época de lluvias, pero no hay reglamentación al respecto.

Por todo esto, la empresaria consideró muy necesaria la reglamentación para alcanzar un Bacalar sensible al agua, ordenar el drenaje sanitario y saber qué hacer con el agua de lluvia. Aseguró que todos esos temas los han tratado incluso en cursos de capacitación y con todas las instancias de gobierno; sin embargo, no se aterriza ninguna política contundente.

OBRA CONGELADA

El gobierno estatal no puede realizar ninguna obra en las inmediaciones de la zona arqueológica, hasta que no responda a las demandas económicas planteadas por la asamblea del ejido Bacalar, advirtió el comisario ejidal, Filiberto Buitrón Hernández.

Agregó que desde el 29 de abril se reunieron por última ocasión con las autoridades de la secretaria de turismo y representantes del INAH, sin que pudiera llegarse a un arreglo, ni acuerdo por el tema de la expropiación de las 152 hectáreas de tierras en que se asientan los vestigios arqueológicos y el camino de acceso.

Aseguró que en esa última reunión presentó a nombre de la asamblea ejidal un pliego de pretensiones económicas de las cuales no han tenido alguna respuesta, tampoco se le ha dado fecha para una próxima reunión.

Buitrón Hernández aseguró que lo que piden no es imposible sobre todo porque en otras zonas arqueológicas, como Coba, los ejidatarios tienen participación, sin embargo, el INAH a Bacalar la delegada, Adriana Velázquez Morlet no los toma en cuenta.

LISTA DE PETICIONES

Entre las peticiones presentadas está la de una expropiación de tierras justa, de alrededor de 388 millones de pesos, 2.5 millones por hectárea, tomando en cuenta que en 2014, la SCT les pago ese monto por las 38 hectáreas de tierra para modernizar la carretera.

Aunque el precio deberá ser actualizado con base en el avaluó que realice el Instituto Nacional de Avalúos y Bienes Nacionales (Indabin).

La asamblea ejidal también pretende que se les otorgue cuando menos el 30% de los recursos que ingresen por acceso de los visitantes a las ruinas, y al estacionamiento.

Otras prestaciones solicitadas son “las concesiones de transporte necesarias” a favor del ejido, para establecer rutas de transporte desde puntos como Bacalar y Majahual hasta la zona arqueológica.

Solicitaron que se les privilegie en las concesiones de los locales del parador turístico que se proyecta construir para que el ejido pueda establecer negocios, como restaurante, servicios sanitarios, tiendas de artesanías y hasta renta de bicicletas.

“También necesitamos que la zona arqueológica y el camino de acceso sea libre para los ejidatarios y que no se privaticen esos siete kilómetros de la cartera federal a la entrada de la zona”, comentó el comisario ejidal, Filiberto Buitrón Hernández.

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