acusan intimidacion de cadena hotelera
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RICARDO HERNáNDEZ

El abogado y activista Gerardo Solís fue demandado por la cadena hotelera RIU tras haber conseguido una suspensión definitiva que puso freno a la construcción de un nuevo centro de hospedaje en Punta Nizuc.
Solís sostuvo que estas acciones tienen como objetivo intimidar y criminalizar la defensa del medio ambiente.

Y es que a inicios de 2020, el activista y una organización civil presentaron tres amparos, en los cuales se alegaba, a nombre de un grupo de menores de edad, el derecho al medio ambiente sano, el cual se degradaría de consumarse el proyecto hotelero.

Entre los actos reclamados se encontraba la expedición de licencias y permisos que permitieron iniciar la construcción del hotel.
Asimismo, se mencionaban a las autoridades federales en materia ambiental (Semarnat, Profepa, Fonatur) y otras estatales, por su omisión para impedir la destrucción de la flora y la fauna endémica de la zona, que es, además, de anidación de tortugas, ubicada en los lotes 72-03, manzana 55, kilómetro 2.1, del bulevar Kukulcán, en la zona hotelera de Cancún.

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El juez Quinto de Distrito de Quintana Roo, Ciro Carrera Santiago, decidió conceder la suspensión definitiva al quejoso, lo cual tuvo como consecuencia la prohibición de la construcción del centro de hospedaje.
Como respuesta, en un acto intimidatorio, afirmó Solís, MX Riusa II SA de CV acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia penal en su contra.

La Agencia Investigadora IV de la FGE mantiene abierta la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1527/2021 por supuestamente corrupción de menores.

“Una denuncia penal porque dicen que cometí el delito de corrupción de menores, que porque influí de manera directa sobre unos menores para que estos ejercieran un derecho a la defensa del medio ambiente sano y la salud y con eso obtener una ventaja procesal para pararles la obra”, explicó el activista.

“Y quiero decirte que eso es completamente cierto, pero eso no es ningún delito. Me di a la tarea de darles una clase de civismo a jóvenes de entre 15 y 18 años que luego interpusieron el amparo”, añadió.

“Me entero porque me llegó un oficio del Ministerio Público donde dicen que me están investigando por la posible comisión de un delito”, dijo.
El documento, sin embargo, solo solicita que se remita copia certificada de todo lo contenido en el expediente de juicio de amparo número 807/2020-D-8, promovido por Solís, en representación de tres menores de edad.