Destapan abusos de la Sedena contra mujeres

Por Ricardo Hernández

CANCÚN, Q. Roo.- Torturada, recluida ilegalmente, Pilar vivió en 2009 el peor año de su vida cuando fue asegurada violenta y arbitrariamente en Cancún por elementos del Ejército.

Los castrenses acudieron al lugar de la detención luego de una supuesta llamada que advertía la presencia de narcotraficantes.

Ella no lo era, según testigos claves del caso, que fue documentado por el Centro Prodh en el trabajo “Mujeres con la frente en alto.

Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”, presentado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado ayer.

Según relata el informe, Pilar fue detenida el 9 de febrero de 2009 en Cancún a las 4:30 horas en Residencial Campestre, lugar donde la citó un señor llamado Carlos, persona que contrató sus servicios sexuales y de la que después se enteraría que su nombre real es Octavio.

En dicho lugar fue donde irrumpieron los militares para detenerla y llevársela. A Pilar la amagaron, amarraron sus manos con tela y con alambre, la trasladaron hacia instalaciones castrenses.

En el camino fue golpeada; manosearon sus senos y genitales, acto que se repitió e intensificó en el campo militar.

Ahí le siguieron prácticas de asfixia, tanto en el agua de un retrete como con una bolsa de plástico, al tiempo en que la amenazaban, maltrataban, golpeaban, para luego continuar la tortura con descargas eléctricas en pezones, espalda y genitales.

Hasta el 10 de febrero, diez horas después de su detención, Pilar fue trasladada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y presentada ante el agente del Ministerio Público de la federación.

Posteriormente, estuvo en arraigo 80 días a pesar de que dicha medida es violatoria de los derechos humanos. Poco tiempo después, las autoridades emitieron un comunicado para informar la detención de Pilar.

ACUSACIONES Y PROCESO

Actualmente, ella está acusada de delincuencia organizada en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución del delito contra la salud, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y homicidio calificado.

El proceso penal que enfrenta, según afirma el Centro Pro de Derechos Humanos, ha estado plagado de violaciones a sus derechos, empezando por la detención arbitraria, retención injustificada y prolongada, así como la violación al debido proceso, integridad física y seguridad jurídica.

Pilar sigue recluida y en espera de que se le practiquen los peritajes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul El trabajo inquisitivo concluye que la tortura sexual ejercida contra mujeres bajo custodia de las distintas fuerzas de seguridad mexicanas en el marco de la política fallida de seguridad militarizada no es excepcional, sino que ocurre con preocupante regularidad.

SIN COINCIDIR, CIFRAS OFICIALES SOBRE FEMINICIDIO

En 2012 se agregó al Código Penal de Quintana Roo el artículo que pena el delito del homicidio doloso de las mujeres: feminicidio.

En 2017 se reformó y en ese mismo año se creó la Fiscalía Especializada de la Mujer, instancia encargada no sólo de investigar los delitos perpetrados contra la mujer, sino de contabilizarlos también.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de junio de 2017 a septiembre de 2018, en Quintana Roo han ocurrido ocho feminicidios; cifra que contrasta con lo reportado por la Fiscalía Especial de la Mujer, pues ésta cuenta, para el mismo periodo, 16 casos.

El hecho sobresale puesto que son las propias Fiscalías los órganos encargados de proporcionar la información al Secretariado Ejecutivo, de acuerdo a las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por las dependencias.

“Judicializados tenemos 16 casos en un año cuatro meses”, confirmó Reyes Pinzón. En abril de 2017, cuando se creó la Fiscalía Especializada de la Mujer, la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, presidente de la Comisión de Igualdad de Género, aseguró que con ello se reconocía “el grave problema de violencia hacia las mujeres que por mucho tiempo se ocultó”, al tiempo en que se creaban las herramientas necesarias para que el estado garantice una vida libre de violencia contra las mujeres.

En junio del año pasado nombraron a Guadalupe Reyes como Fiscal de la mujer y, desde entonces, el nuevo órgano está obligado, entre otras cosas, a contabilizar los casos de feminicidio y a dar parte al Secretariado Ejecutivo para éste elabore estadísticas.

“Hay un departamento (de la Fiscalía) en la ciudad de Chetumal con la que coordinamos la información y que es la encargada de las estadísticas. Nosotros llevamos los números de delitos y los subimos a la página de la dependencia, que es lo que nos corresponde, pero ya el proceso de coordinar con el Secretariado, no”, se deslindó la Fiscal.

De acuerdo con el Observatorio de Violencia Social y de Género en Benito Juárez, Quintana Roo, esta discordancia es sistemática. Mientras que la Secretaría de Gobernación, de la cual depende el Secretariado Ejecutivo, apuntó únicamente cuatro casos para todo 2017, el Observatorio contó 23; eso, en todo el estado.

De acuerdo con protocolos de organismos internacionales, sostiene Celina Izquierdo, Secretaria Técnica del Observatorio, todos los homicidios de mujeres tendrían que considerarse como feminicidios, y luego de las diligencias correspondientes, determinar si se descarta el asesinato por motivo de género o no; protocolo que no se sigue en la entidad.

Según Izquierdo, en la mayoría de los casos suscitados Quintana Roo, las investigaciones por asesinatos de mujeres se comienzan como homicidios, lo cual dificulta que, de comprobarse las señales que se corresponden con el tipo penal de feminicidio, la sentencia se reclasifique.

El Código Penal estatal estipula un castigo máximo de hasta 25 años de cárcel por homicidio y de 50 años por feminicidio.

En caso de que no se reclasifique una condena por feminicidio, los que inician y terminan el proceso como homicidas, derivado de una mala práctica, reciben una condena menor a la debida, acusa la especialista.

Este domingo, un grupo de mujeres se congregaron para manifestar su rechazo y condena hacia los actos de violencia contra las mujeres: “Ni una más” es la consigna que se escuchó en el centro de una ciudad cada vez más violenta.

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