Con base en el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2019, de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, su titular, Marco Antonio Toh Euán, propuso la construcción de un centro de reinserción social exclusivo para mujeres y que se implementen políticas públicas que visualicen su atención con un enfoque en perspectiva de género y derechos humanos, a fin de que las mujeres privadas de la libertad se encuentren en igualdad de condiciones.
Asimismo, planteó al titular de Seguridad Pública del Estado, Jesús Capella Ibarra, que gestione ante la instancia que corresponda recursos presupuestales para la obra, con áreas apropiadas para la atención integral específica de las mujeres, de conformidad con su género, salud, educación, capacitación para trabajo productivo y remunerado, actividades deportivas y que convivan con otras mujeres privadas de la libertad y de su misma situación jurídica y clasificación criminológica.
El personal de custodia deberá ser exclusivamente femenino y cumplir el objetivo de la reinserción social, añade el documento. En la edificación de ese centro se deben considerar espacios para que las mujeres que viven con sus hijas e hijos gocen del más alto nivel de atención y propicios para el desarrollo infantil, como disponen las normas jurídicas mexicanas. Para las mujeres jóvenes y/o indígenas, se deberán tomar en consideración su origen étnico, usos y costumbres e idioma.
Como ya se informó, de acuerdo con el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2019, aun cuando avanzó cuatro décimas en comparación con 2018, la calificación general de los cuatro principales centros de reclusión en el Estado se mantuvo en 2019 en el rango de “aprobatoria con alerta.
El Informe precisa que en 2017 la calificación alcanzada por los Centros de Reinserción Social de Chetumal, Benito Juárez y Cozumel y el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen fue de 6.04, para 2018 bajó a 6 y en 2019 alcanzó 6.4.
La única prisión que alcanzó calificación aprobatoria, de 7.18, fue la de Cozumel, seguida por Chetumal, con 6.33; Playa del Carmen, 5.90, y Benito Juárez, 5.88.
Además, se pide al titular de la SESP gestionar que en los centros con sobrepoblación y hacinamiento la población se distribuya equitativamente y que, sin menoscabo de la clasificación criminológica y de la separación por categorías, se eviten áreas cuya ocupación exceda su capacidad y se ordene gestionar que todos internos reciban tres veces al día y en un horario establecido alimentos cuyo valor nutritivo sea en cantidad y calidad suficiente para el mantenimiento de su salud y, en su caso, se proporcionen dietas especiales para quienes así lo requieran.
Por otro lado, sugirió establecer mecanismos para planear, construir, ampliar y remodelación los centros de reclusión, para que tengan espacios suficientes, con condiciones de estancia digna y segura e infraestructura que permita acceso a los servicios y actividades necesarios para lograr la reinserción social.
“Como una prioridad, debe considerarse la realización de acciones para procurar que todos los centros de reclusión tengan espacios y condiciones dignos para pernoctar, con iluminación natural y ventilación suficiente, instalaciones sanitarias adecuadas y en funcionamiento que permitan satisfacer las necesidades básicas y garantizar el suministro de agua corriente”, añade.
También sugirió implementar las acciones necesarias para que las autoridades penitenciarias garanticen la integridad física de todas las personas privadas de la libertad, asumir las funciones administrativas, de control y supervisión que le corresponden y eliminar las prácticas de cobros, sobornos y/o extorsiones por la prestación de servicios.
De la misma forma, planteó la elaboración, en un plazo no mayor a seis meses, de un análisis cuantitativo y una evaluación cualitativa para determinar el número de custodios que se requiere para garantizar el orden y resguardar la integridad física de las personas internas en casa prisión.
Igualmente, para garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas privadas de la libertad, propuso que los centros sean dotados con personal médico y de enfermería suficientes, que garantice una cobertura 24/7 y que respondan a la atención integral de los internos, en especial a las mujeres y sus hijas e hijos que viven ahí y que se realicen las gestiones necesarias para que todos los centros de reclusión tengan instalaciones adecuadas, higiénicas, mobiliario, equipo, instrumental y suministro de medicamentos suficientes.
Con información de INFOQROO