CANCÚN.- Un grupo de organizaciones civiles rechazó la Ley de Protección a la Maternidad de Quintana Roo, la cual se comenzó a discutir en el Congreso el pasado 25 de mayo.
Señalaron que la preocupación se debe a que esta ley “es violatoria de los derechos universales de las niñas, adolescentes y mujeres, y vulnera gravemente el principio de progresividad de los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución”.
En diciembre, el diputado panista Eduardo Martínez Arcila ingresó dicha iniciativa de ley que ahora se discute en el recinto legislativo.
El objeto es el de establecer un marco jurídico con el que se garantice y proteja los derechos de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, los derechos de las niñas y niños desde la gestación, durante el nacimiento y la primera infancia, según consta en el Artículo 1 de la propuesta.
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Es este primer artículo el que ha causado inconformidad, pues, a decir de los colectivos feministas, se extralimita al incluir derechos de la infancia.
Otro que provocó rechazo es el 11, el cual establece que se promoverá la calidad de la atención prenatal desde el periodo preconcepcional, mediante información sobre planificación familiar, atención preconcepcional, prenatal, parto limpio y seguro, puerperio y los cuidados obstétricos esenciales.
Denunciaron que se omiten compromisos internacionales establecidos con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, relativos a Educación Sexual Integral, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos para que jóvenes y adolescentes tomen decisiones respecto del ejercicio o no, de la maternidad de manera informada, así como de la prevención de infecciones de transmisión sexual.
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Uno más es el Artículo 17, pues el legislador promovente considera que deben “encontrarse datos sugestivos” de violación en casos de embarazos en menores de 15 años, lo cual, aducen las organizaciones, promueve la cultura de la pedofilia y omite tomar en cuenta el Artículo 127 del Código Penal de Quintana Roo, que establece que se acusa de violación al que realice cópula con persona menor de 14 años de edad, por lo que un embarazo en una menor de esta edad es considerado de manera automática como dicho delito.
“En el Capítulo 5, sobre el parto humanizado y la maternidad digna, resulta incongruente que se haga mención únicamente a la NOM 007-SSA2-2016 sobre la atención del embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, sin mencionar la NOM 045-SSA2-2005 donde se señala las acciones que deben emprender las instituciones prestadoras de servicios de salud en casos de embarazos por violación, esto también es humanizar y dignificar el ejercicio de la maternidad”, apuntaron las organizaciones.
“(Además,) cualquier Red de Apoyo que se constituya no debe sujetarse a la decisión o a la integración que señale la o el gobernante en turno, debe ser un ejercicio libre donde participen todas las organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos de las mujeres, para con ello evitar cualquier tipo de coacción o imposición sobre el ejercicio de la maternidad”, añadieron.
Acusaron que se deja fuera la educación integral de la sexualidad y el respeto a las causales de interrupción legal del embarazo, especialmente por violación.
El pronunciamiento es de acceso libre y convocan a adherirse en el siguiente link (https://forms.gle/vjBog4ynJVGxaJAv6).