MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley de Seguridad Nacional con la cual se establece el marco regulatorio para la internación y permanencia en el país de agentes extranjeros.
El dictamen indica que será la Secretaría de Relaciones Exteriores, con acuerdo previo de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, quien resolverá sobre la acreditación y la circunscripción territorial de los agentes de otros países en territorio nacional.
Define a éstos como los funcionarios extranjeros que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o de supervisión de las leyes y otras disposiciones de carácter reglamentario o aquéllas de carácter técnico especializado.
Con los cambios a la ley sólo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas según lo dispuesto en la acreditación que tenga.
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No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional.
Los agentes extranjeros tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a llevar a cabo detenciones, acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política y las leyes nacionales aplicables.
Además, deberán abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física; convendrán sujetarse a los criterios que determine la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y sólo podrán portar las armas de fuego que, en su caso, les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional.
Para la diputada Adriana Dávila (PAN) la reforma quebranta la lógica a través de la cual se han desarrollado los tratados e instrumentos de asistencia multilaterales e internacionales.
“Nunca, por elemental cortesía diplomática y sentido común, y además por seguridad, se deben desarrollar de forma unilateral los instrumentos de colaboración, porque eso es una imposición. Y menos se deben impulsar reformas de esta naturaleza sin considerar la opinión de expertos”, explicó.
Dávila señalo que existen convenios de cooperación internacional que no pueden ni deben ignorarse.
Entre ellos señaló el que se firmó en el año 2000 en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, uno de los instrumentos legales que han servido para la vinculación entre las naciones en la lucha de problemas comunes.
El diputado Felipe Macías aseveró que la reforma es una represalia, una respuesta del Gobierno federal al gobierno estadounidense por la detención del general Salvador Cienfuegos.
“Y más allá de la presunción de inocencia del general tenemos que entender el enojo que causó la detención del general para el Gobierno federal y que de ahí se derive que, en menos de diez días que se presentó esta iniciativa ya se esté aprobando por Morena aquí con su mayoría”, dijo el legislador.
Agregó que los gobiernos extranjeros ya no comparten información con las autoridades nacionales porque ya saben que en el país la justicia es una simulación en la que dejan ir a los delincuentes como sucedió en Culiacán.
El dictamen recibió 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones y fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación.
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ÔÇö Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 15, 2020
Con información de Redacción