Sigue el intento de legalización del aborto en diferentes Estados de México, solo las mujeres de la Ciudad de México y Oaxaca pueden ejercer sus derechos reproductivos sin temor a ser criminalizadas; para el resto, hacerlo es un delito.
Al presentar la investigación colaboracionista Castigar la libertad. La criminalización del aborto en México, la coordinadora de esta serie de diez reportajes, Angélica Jocelyn Soto Espinosa, expuso que en la Ciudad de México a partir de 2007 fue despenalizado el aborto legal antes de las 12 semanas de gestación, y se practican 41 interrupciones diariamente; mientras que en el resto del país no se pueden conocer las cifras oficiales.
En el caso de Quintana Roo se tiene el dato, con base en la información de colectivos de mujeres, que son 142 las que han acudido a la Ciudad de México para poderse interrumpir su embarazo de forma legal.
De acuerdo con los colectivos hay resistencia de los legisladores de Quintana Roo para aprobar leyes que garanticen la vía legal para abortar, pese a las diversas iniciativas que se han presentado en el Congreso local.
“Las ricas abortan, las pobres mueren”, dicen la Red Feminista Quintanarroense, expuso la periodista Adriana Varillas, quien fue la responsable de realizar la investigación para la Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).
Esta serie de diez reportajes demuestra, a partir de datos oficiales, sentencias y testimonios, que castigar el aborto perjudica la salud y la vida de las mujeres, mientras que garantizarlo como una política pública contribuye a que construyan su autonomía y decidan sobre su cuerpo, su sexualidad y su vida sin condenarse a una maternidad forzada.
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Sin avances, intentos de legalización del aborto; mujeres denunciadas enfrentan juicios sin perspectiva de género
Las mujeres que son denunciadas por abortar enfrentan juicios sin perspectiva de género, con estereotipos y sin una debida defensa. Sus castigos son la cárcel, trabajos comunitarios, violencia médica, estigma social e incluso la muerte. Las defensoras feministas que, en ausencia de una política de Estado, acompañan actualmente a miles de mujeres que abortan, también son perseguidas y criminalizadas, enfatizó Soto Espinosa.
Aunque las organizaciones feministas y las diputadas presentan año con año distintas iniciativas para despenalizar el aborto en estas entidades, bancadas de todos los partidos políticos en los congresos prefieren congelarlas o rechazarlas por considerar que no son prioritarias, para evitar costos políticos o porque son distintas a sus ideologías personales, dijo.
Con información de la Redacción