Rosario Robles Berlanga fue vinculada a proceso por el uso indebido del servicio público, y por haber sido omisa de las irregularidades que realizaron funcionarios en afectación del patrimonio de la Sedesol y Sedatu.
La ex funcionaria será trasladada al Centro Penal Femenil en Santa Martha Acatitla donde estará dos meses en prisión oficiosa, cuando se lleve a cabo la siguiente audiencia.
Tras 12 horas de audiencia que inició a las 18:30 del lunes y concluyó a las 6 de la mañana de este martes 13 de agosto.
Robles Berlanga pidió la palabra y dijo que se ha presentado de manera voluntaria a las dos citas, por lo que suplicó al Juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, lo tomará en cuenta para que no se le aplicará la prisión preventiva.
“No tengo suficiente dinero para irme a vivir a Canadá y luego regresar impunemente. Soy una mujer trabajadora, si quieren juzgar a través de mi persona actos de terceros, yo de ninguna manera pretendo evadir la justicia”, dijo la ex funcionaria.
El juez dijo que pese a que Robles Berlanga dijo vivir en la alcaldía de Coyoacán las dos veces que fue buscada por el Ministerio público no estaba, además de que retirarle su pasaporte no garantizaría que se sustraiga de la acción de la justicia por lo que cito a nueva audiencia dentro de dos meses.
En su deliberación, el juez también ordenó a la defensa de Rosario Robles que a más tardar el 16 de agosto debe presentar ante el Ministerio Público una copia certificada de la entrega-recepción que hizo del cargo a su sucesor Jose Antonio Meade, y en donde, de acuerdo a la defensa se detallaba las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre las contrataciones celebradas con entes públicos.
“El Ministerio público decidirá si inicia o no una investigación contra José Antonio Meade por omisión”, dijo el juez de control.
Ante la insistencia de la defensa de Robles de que si informó al ex presidente Enrique Peña Nieto del pliego de observaciones hechos por Auditoría Superior de la Federación a través de la “linea roja” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como en reuniones de gabinete y giras de Estado, el juez dijo, “se debe aclarar si el ex presidente Peña está o no involucrado, y si sabía e encubrió y no hizo nada para repararlo”.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoria Superior de la Federación (ASF) culpan a Robles Berlanga de ser omisa y permitir que funcionarios públicos a su cargo desviaran de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos con 25 centavos, en perjuicio de la hacienda pública.