Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, Q. Roo.- El gobierno de Quintana Roo ha cumplido 70% de los 60 requerimientos que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) le impuso desde abril de 2016, cuando aceptó posponer el lanzamiento de la alerta de género para tres municipios del estado.

El faltante 30% engloba los trabajos más importantes del catálogo de acciones que deben realizarse para abatir el índice de agresiones contra mujeres y los crecientes feminicidios, sobre todo en la zona norte del estado.

Eva Aguilar, delegada de la Red Nacional de Mujeres contra la Violencia de Género y solicitante de la alerta, vigente desde julio de 2017, en Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, explicó que a pesar de que el gobernador ha considerado las medidas de protección a mujeres de toda la entidad, desde las dependencias encargadas, éstas no terminan de atender las necesidades de control para el problema.

Ante ello, el organismo presentó un recurso de agravio comparado ante el Gobierno federal y las cámaras legislativas del país, para solicitar que se emita una nueva alerta sobre la que aún no se ha terminado de atender, a dos años de haber sido declarada y a casi tres de haberse solicitado las acciones preventivas.

PENDIENTES

Eva Aguilar enlistó que falta la conformación de la Unidad de contexto, que es un centro de investigación del origen y las causas de las agresiones contra la mujer, con la capacidad de emitir políticas públicas y recomendaciones contra la problemática.

Es necesaria también la consolidación del Centro de Justicia para las Mujeres, dado que la creación de la Fiscalía Especial para Delitos contra las Mujeres es sólo el inicio. Además, este organismo debe laborar ajeno a la Fiscalía General y en un edificio propio, donde se brinde todo tipo de atención a las víctimas de los delitos de género.

Igual se requiere, de manera urgente, aterrizar el Programa Único de Capacitación en Materia de Derechos Humanos para todos los servidores públicos en los organismos y dependencias estatales y municipales.

Los cursos deben impartirse por instructores y expertos, ya que actualmente son brindados por personal que, si bien conoce el problema y los focos rojos, no está debidamente certificado.

De igual manera, la experta aseguró que es necesario cumplir y corregir los programas de cultura institucional de cada dependencia, para hacer prevalecer la igualdad de género entre el personal de los organismos públicos.

También debe rectificarse el rumbo del tema de la construcción del refugio para mujeres en Playa del Carmen, donde la incidencia de delitos contra ellas es mayor al 80%, en comparación con el resto de los municipios de Quintana Roo.

Finalmente, la delegada dijo que se deben revisar y reclasificar al menos 100 expedientes de homicidios de mujeres desde el 2012 hasta 2017, para tipificar como feminicidios aquellos que lo requieran.

DIAGNÓSTICO EN CAMINO

Eva Aguilar dio a conocer que, al terminar el tercer trimestre de 2019, iniciarán con la realización de un diagnóstico y recuento de la situación actual, así como la documentación del nivel de cumplimiento de las autoridades estatales.

En caso de que no se haya logrado responder al total de los requerimientos que planteó la Conavim, se informará a este organismo y a las Comisiones de Igualdad de Género en las cámaras de senadores y diputados federales.

Con este informe se sustentará el pedido formal para una nueva alerta de género, sobre la ya existente, por considerarse que algunas dependencias del Gobierno del estado han puesto obstáculos al cumplimiento de las 60 recomendaciones.

Para apuntalar esta segunda alerta, se presentaron como argumento los 11 expedientes por feminicidio que se han registrado en 2019, los 109 que se tienen en la estadística de 2018, y los 46 que fueron clasificados como tal entre 2016 y 2017.

La fuente aseguró que estas cifras y la falta de cumplimiento de las observaciones, pueden considerarse un ultimátum para los responsables de las dependencias que no han cumplido con lo ordenado para proteger a las mujeres de Quintana Roo.

FALTA DE ACCIÓN

De acuerdo con la directora del Instituto Quintanarroense de la mujer, Silvia Damián López, el nivel de cumplimiento y la permanencia o mayor nivel de la alerta de violencia de género (AVG) depende también de la voluntad de las autoridades en los ayuntamientos involucrados, aunque no hay un plazo obligatorio para subsanar las observaciones.

Señaló que mientras Benito Juárez y Solidaridad mostraron significativos avances y sólo requieren de tres puntos de cumplimiento, en Cozumel el avance es muy poco.

Explicó que en Benito Juárez falta poner en funcionamiento un refugio para víctimas de violencia, aunque ya se presentó la infraestructura, también falta finalizar la modernización del alumbrado de zonas consideradas de riesgo, como parques, canchas deportivas y calles, así como garantizar el patrullaje policial de las mismas.

En Solidaridad la situación es muy similar, aunque ahí la falta de alumbrado es mayor y el refugio tampoco ha sido considerado dentro de las acciones que el ayuntamiento presentó dentro de su reporte de cumplimiento, que debió construirse en Cancún, y no en Playa del Carmen.

Mientras que en la Isla de las Golondrinas, hasta septiembre de 2018 no se realizó ninguna acción para el cumplimiento de las recomendaciones y ningún representante del ayuntamiento participó en las reuniones del grupo que daba seguimiento a los trabajos.

En ese municipio, la expresidenta municipal, Perla Tun, argumentó que en la ínsula no había problema de muertes u homicidios de mujeres, y que la violencia doméstica o familiar es mínima y que se resuelve en su mayoría con el juez calificador en la Policía Municipal.

Respecto al trabajo del Congreso del estado, Damián López señaló que realizó las reformas pendientes a las leyes locales respecto al tráfico de mujeres o trata de blancas, a la Ley de Asistencia y Prevención de la violencia familiar y la Ley contra la Discriminación.

Sobre la Fiscalía General del Estado, la funcionaria dijo que ésta debe trabajar sobre la revisión de al menos 60 expedientes que desde 2012 se refieren a homicidios violentos de mujeres y reclasificar a feminicidios los que lo ameriten, para garantizar la justicia a familiares de las víctimas.

REQUERIMIENTOS DE LA ALERTA

  • Elaborar un estudio sobre los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y, a partir de éste, elaborar una estrategia de prevención y recuperación del espacio público.
  • Implementar un programa coordinado de atención a mujeres víctimas de violencia y protocolos de actuación.
  • Crear un programa único de capacitación.
  • Implementar un protocolo de actuación en el estado para la implementación de las órdenes de protección de las mujeres, niñas y niños.
  • Asegurar la operación del Centro de Justicia para Mujeres en el municipio de Benito Juárez.
  • Fortalecer y publicar los protocolos para investigar y juzgar con perspectiva de género casos de feminicidio y delitos sexuales.

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