La divisa del poder
Por: Adrián Trejo
Correo: engranev@yahoo.com.mx // Twitter: @adriantrejo
La tarde de ayer los diputados de Morena, PT, Verde y Encuentro Social aprobaron, por mayoría (288 voto a favor y 129 en contra, cero abstenciones), en lo general el dictamen de la Ley General de Educación con el que se abroga también la Ley General de Infraestructura Educativa.
Sobre esta última ley hay varios aspectos a considerar.
En el año 2000, la Dirección General de Normas de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial facultó al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), cuyos antecedentes se remontan a 1944 para coordinar los trabajos de un Subcomité denominado “EscuelasÔÇÖÔÇÖ que pertenecía al Comité Técnico de Normalización Nacional de Industrias.
Su objetivo era estandarizar las reglas de construcción de escuelas públicas y privada.
El CAPFCE fue sustituido en febrero de 2008 por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, que emitía las nuevas normas de construcción, pero también se encargaba no sólo de construcción, sino de la reparación de las escuelas públicas.
La abrogación de la Ley que sustentaba la existencia de este instituto se hizo para cumplir la promesa presidencial de entregar directamente a las sociedades de padres de familia de cada escuela pública en el país, el dinero destinado a las reparaciones de los planteles.
La iniciativa aprobada contempla entregar a cada sociedad de padres de familia 3,000 pesotes mensuales para que los destinen a las reparaciones que consideren pertinentes.
La cantidad, a menos que sea modificada, no alcanzará ni para pagar una semana de un albañil.
Otro riesgo es que no está claro cómo el Gobierno vigilará que el dinero se aplique a las reparaciones o compra de material.
Pero el riesgo mayor es que, si antes se podía responsabilizar al instituto por una mala construcción o por falta de reparaciones, en el caso de una tragedia, ¿quién o quiénes serán ahora los responsables legales?
La decisión de entregar dinero en efectivo a un grupo siempre generará problemas.
¿De qué tamaño? Estamos por verlo.
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¡Vaya encuerada que le puso el consejero Ciro Murayama a Morena, al PT y al PRD!
Con motivo del segundo aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 2017, el consejero electoral publicó los nombres de los partidos políticos que efectivamente regresaron sus prerrogativas del último trimestre de ese año en apoyo a la reconstrucción.
Todos, con excepción de Morena, PRD y el PT, regresaron sus prerrogativas o parte de ellas al INE.
Morena se había comprometido también a devolver al INE esas prerrogativas, pero no lo hizo.
El partido que más dinero devolvió fue el PRI, con 258 millones 617,034 pesos; el PAN devolvió 50 millones de pesos; el Verde 10 millones 563,198 pesos; Movimiento Ciudadano, 50 millones 998,015 pesos y Encuentro Social, 10 millones 203,134 pesos
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Morena, PT y PRD, cero pesos.
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Los gobernadores del PAN, todos, manifestaron su rechazo a las leyes secundarias en materia educativa que fortalecen la presencia de la CNTE en el reparto de plazas.
En un tuit colectivo, los gobernadores establecieron que “preocupa que el Congreso apruebe leyes secundarias que dan plazas automáticas a egresado de las normales. La CNTE no debe dictar la política educativa del país. Esta medida carece de presupuesto federal. No aceptamos la pretensión de que se financie con concurrencia estatalÔÇÖÔÇÖ.
Parece que la protesta es tardía.
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