Tiempo Nuevo
Por: Salvador Guerrero
Correo: sgchipres1@hotmail.com / Twitter: @guerrerochipres
No existe seguridad pública en la federación sin la comunidad, y tampoco sin un claro respaldo financiero.
De frente al fenómeno de las violencias que sigue diezmando a segmentos ampliamente victimizados, algunos de ellos corresponsables del mismo, las autoridades comienzan a percibir la presión política desde dentro y la presión social desde fuera del Gobierno para la entrega de resultados.
Para el progreso de todas las políticas públicas, y en particular para el correspondiente a la de seguridad que ocupará la mitad del esfuerzo y tiempo del Gobierno en sus tres niveles, un conjunto de variables tiene que precisarse y verificarse en los hechos.
Mientras que durante la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró un decálogo de ejes y estrategias, las cuales falta detallar y asociar con la exigencia de resultados específicos programados, en los últimos tres días hemos conocido de una apertura mayor en el otorgamiento de respaldo federal a la seguridad pública.
Permanecen seis criterios de distribución: fortalecimiento de capacidades institucionales, fortalecimiento tecnológico y de información, sistema penitenciario, tamaño del problema, población y prevención. Se eliminaron los relativos a combate a la delincuencia, capacidad de operación policial, información de seguridad y sistema penal.
No sabemos si la decisión de ser más flexibles para el otorgamiento de recursos federales es parte de una determinación de generar corresponsabilidad rápidamente con los Gobiernos de los estados o si se deriva de una peculiar soltura dado que en ningún caso se incluye la exigible precisión de los resultados a los cuales se obligan las entidades beneficiarias.
La decisión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de eliminar cuatro de los 10 elementos parecería beneficiar el propósito mayoritariamente compartido de crear condiciones para disminuir la incidencia delictiva a nivel federal y, con ello, mejorar la percepción de seguridad.
El Estado de México, la capital nacional y Jalisco son las tres entidades con mayor disposición de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Las tres presentan una perspectiva diferenciada del enfrentamiento de las principales amenazas a la seguridad pública, rebautizada como ciudadana en la Ciudad de México.
Tres entidades con énfasis diferenciados. En el Estado de México, el incremento de delitos patrimoniales -especialmente robo con violencia- y del homicidio doloso; en la capital del país, la presencia de violencia inercial con asalto, robo y homicidio doloso sobresaliendo y en Jalisco, la presencia para escudarse del principal cártel en México con una multiplicidad de actividades criminales en la entidad, en todo el país y en otras naciones que merece una nueva perspectiva.
Junto al dinero y la flexibilización de su otorgamiento debemos ver los resultados. Tal vez un año para registrar evidencia contundente de que la combinación de criterios y estructuras tendrá sentido claro para todos.